Los planes para el poder judicial de Israel han generado una importante oposición fuera del parlamento

.Activistas frente al Parlamento israelí el 23 de febrero

Decenas de miles de israelíes se manifiestan frente al Parlamento contra los planes divisivos de reforma judicial.

Desde que los planes fueron revelados el mes pasado, Israel ha experimentado algunas de las mayores protestas en años.

Si se aprueban, darían al gobierno más control sobre los nombramientos judiciales al tiempo que limitarían la autoridad del Tribunal Supremo.

Aunque el gobierno afirma que las reformas fortalecerán la democracia, los críticos sostienen que la socavarán.

El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, pareció mostrarse crítico con las propuestas tal y como están, lo que constituye un movimiento inusual por parte de un líder estadounidense en relación con cuestiones constitucionales israelíes.

Según sus comentarios publicados en el dominical New York Times, "el genio de la democracia estadounidense y de la democracia israelí es que ambas se basan en instituciones fuertes, en controles y equilibrios, en un poder judicial independiente"."

Es crucial crear consenso a la hora de realizar cambios fundamentales, continuó.

Isaac Herzog, presidente de Israel, lanzó una advertencia el domingo, afirmando que el colapso social y constitucional era inminente. Dado que el cargo se considera una figura políticamente neutral, la implicación de los presidentes israelíes en cuestiones políticas es poco común.

Decenas de miles de personas han participado en protestas semanales a gran escala en Tel Aviv contra las reformas. Según los detractores de los planes, el poder judicial se politizará, lo que podría dar lugar a un gobierno totalitario.

El gobierno, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, afirma que la estructura actual es antidemocrática porque permite al Tribunal Supremo anular la legislación aprobada por una legislatura elegida por el público en general.

Yariv Lavin, ministro de Justicia de Israel, que dio a conocer los planes, acusó a quienes se oponían a ellos, incluidos el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo, de intentar "dar un golpe de Estado" contra el primer ministro Netanyahu. Esto se produjo después de que se presentara una petición al tribunal solicitando que se declarara a Netanyahu no apto para el cargo.

El poder del Tribunal Supremo para anular leyes se reduciría significativamente como resultado de las reformas previstas. Las decisiones del Tribunal Supremo también podrían ser anuladas por mayoría simple en la Knesset, el parlamento israelí.

Según Netanyahu, las propuestas pondrán fin a la extralimitación judicial y restablecerán el equilibrio adecuado entre los poderes ejecutivo y legislativo.

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