El Gobierno ha perdido el último caso judicial relacionado con su política de deportación de Ruanda.
El Tribunal de Apelación se puso del lado de un grupo de inmigrantes que entraron en el Reino Unido en pequeñas embarcaciones, así como de una organización que aboga por los solicitantes de asilo, que alegaron que la política es inconstitucional.
La cuestión de si Ruanda cumplía los criterios para ser considerada un "tercer país seguro" a efectos de atender los casos de asilo en el Reino Unido fue debatida por un panel de tres jueces.
Es probable que los ministros recurran la decisión ante el Tribunal Supremo.
El posible estatus de Ruanda como tercer país seguro depende en gran medida de si existe la posibilidad de que las personas que solicitan asilo puedan ser deportadas a la nación de la que huían originalmente.
En una vista anterior, el Tribunal Superior había respaldado la postura del gobierno, que era un componente crucial de su plan para disuadir a las personas de navegar hacia el Reino Unido en pequeñas embarcaciones para solicitar asilo. Sin embargo, los jueces del Tribunal de Apelación, Lord Chief Justice Lord Burnett, Sir Geoffrey Vos y Lord Justice Underhill, examinaron esa opción en esta última fase del procedimiento.
Aunque Lord Burnett apoyó al gobierno británico, los otros dos llegaron a la conclusión de que las garantías ofrecidas por el gobierno ruandés eran insuficientes para asegurar que no existía "ningún riesgo real" de que los solicitantes de asilo reubicados como parte de la política ruandesa fueran inadvertidamente devueltos a naciones donde sufrirían persecución u otros tratos inhumanos.
Los solicitantes de asilo no pueden ser enviados a Ruanda "hasta que se corrijan las deficiencias en los procesos de asilo [del gobierno]", dictaminaron los jueces.
